Una de los objetivos prioritarios para Fundación Integra durante 2019 es obtener el reconocimiento oficial en la mayor cantidad de jardines infantiles y salas cuna. El director ejecutivo, José Manuel Ready, impuso a la Dirección de Planificación y Gestión (DPG) una ambiciosa meta: tener al menos 500 establecimientos con Reconocimiento Oficial a fines de 2019.
La directora de la DPG, María de la Luz Morales, destaca que este es uno de los focos prioritarios de su gestión y ya se están viendo resultados, “a la fecha ya hay 231 jardines infantiles que cuentan con la acreditación y hay 125 carpetas ingresadas a las seremías de educación en sus correspondientes regiones, que deberían tener resolución en un corto plazo”, afirmó.
En forma paralela se está trabajando en 238 proyectos de RO a lo largo del país. Gran parte de estos, 221 específicamente, corresponden a mejoras en accesibilidad para cumplir con la Ley de Inclusión. A esto se suman cinco proyectos que requieren transformaciones mayores y otros 11 que contemplan reposiciones completas de infraestructura. El compromiso de Fundación Integra es grande, y así también la inversión que involucra cada uno de los proyectos, “solo en estos 11 establecimientos se invertirá alrededor de $4.800 millones, y en el caso de los cinco jardines infantiles la intervención considera un monto de $ 1.000 millones”, destaca María de la Luz Morales.
“En todas las regiones, las directoras y el director regional están liderando un desafío muy importante, que involucra a todos los equipos, pero que en esta etapa implica un esfuerzo especial de los equipos de las unidades de infraestructura, cobertura y jurídica, ya que si no se trabaja en equipo la tarea se hace más difícil”, asegura la directora de DPG.
María de la Luz Morales, agrega, que cumplida esta primera etapa deberíamos tener 500 establecimientos que cuenten con la acreditación necesaria que impone la ley, y quedará aún el desafío de más de 600 establecimientos, que deberán alcanzar este sello de calidad, antes del año 2022, esto solo si el Congreso aprueba la extensión del plazo que originalmente es hasta agosto de este año.